La conocida como Snooper’s charter lo permite. En un video rodado en las calles de Londres por la ONG británica de defensa de los derechos civiles Liberty, una actriz simula piratear los teléfonos de varios viandantes. En otra escena, se la ve en la entrada de las oficinas del Ministerio del Interior solicitando acceso al servidor. La reacción de los ciudadanos muestra el rechazo a una injerencia tal que, sin embargo, ha sido autorizada en el Reino Unido en virtud de la Acta de Poderes Investigativos aprobada en el mes de diciembre
Coloquialmente denominada, la “Carta de los fisgones”, la ley pretende reforzar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Permite el acceso, recolección y análisis de datos personales a los servicios de información y de policía, así como a una cuarentena de servicios estatales que van desde la Agencia de Seguridad Alimentaria a las Cajas de Pensiones. El sistema de vigilancia más intrusivo de la historia de la democracia, según sus detractores.
“Nuestras comunicaciones, a quién enviamos un correo electrónico, llamamos por teléfono, enviamos un sms y cuándo, toda nuestra actividad en internet, todo esto puede ser interceptado sin motivo criminal alguno. No es necesario, siquiera, identificar el objetivo de la retención masiva de comunicaciones. La policía y los servicios de inteligencia pueden piratear un ordenador o miles, sin necesidad de especificar quién es el objeto de la investigación. Tampoco tienen por qué informar a las personas inocentes que han sido sujetas a vigilancia. Eso significa que miles de personas se verán afectadas, que podría haber una intrusión masiva en sus vidas privadas, en sus teléfonos, sus llamadas y que ni siquiera sabrán si han sido objeto de esa vigilancia”, explica Silkie Carlo de la ONG Liberty.
Una de las medidas más controvertidas concierne nuestra vida en internet. Las firmas de telecomunicaciones están obligadas, por ley, a conservar, durante un año, la lista de cada sitio web visitado por sus clientes.
La Corte Europea de Justicia no tardó en dar la razón, dos semanas después, a dos antiguos miembros del Parlamento británico quienes arguyeron que la retención masiva de comunicaciones es ilegal.
Una decisión que mantiene en el limbo a la ley mientras el Reino Unido permanezca en la Unión Europea.
David Anderson, experto independiente en leyes antiterroristas británicas, ha sido encargado de evaluar el texto:
“Cada poder utilizado por la policía y los servicios de información en este país están definidos de manera clara. Eso no ocurría antes y no podemos decir que sea el caso en la mayoría de los países del planeta. He basado mi conclusión en el estudio de 60 casos específicos en los que tales poderes han resultado de una gran utilidad. Por ejemplo: en cuestiones de ciberataques procedentes de poderes extranjeros hostiles, en casos de secuestro o de desapariciones y, por supuesto, en investigaciones criminales.”
Una eficacia que no todos comparten. En
