El pasado 10 de julio me encontré con un brillante artículo publicado en el diario digital guatemalteco República que se titulaba "Culpables mediáticamente e Inocentes judicialmente" firmado por José Echeverria a quien no tengo el gusto de conocer, pero a quien me permito felicitar.
Señor Echeverria, ha puesto usted en contexto un tema muy actual y sensible, con gran precisión y calidad editorial.
En efecto, han pasado casi tres décadas en que la mayor parte de los apoyos de varios países amigos en Guatemala se han orientado a fortalecer el sistema de justicia.
Para quienes ven al país como algo más que un laboratorio sociopolítico, el punto de quiebre entre un posible desarrollo institucional o el deterioro continuado depende, puntualmente, de la probabilidad de tener un sistema de justicia eficiente, procesalmente correcto y éticamente probado, para aplicar la justicia y corregir los problemas de la convivencia social.
Con esta premisa en primer plano, en Guatemala se fortaleció el sistema de investigación criminalística. Se privilegió la investigación científica como vehículo para fortalecer el sistema probatorio y se cambió a un sistema de justicia dotado de mayor objetividad, basado en pruebas científicas.
Esto se vio como un salto cuántico que prometía depurar poco a poco el sórdido sistema tribunalicio heredado de la guerra, lapso durante el cual una calumnia podía significar la diferencia entre vivir o morir a manos del Estado o de la guerrilla marxista. Esa fue la triste y oculta historia en los teatros de la guerra intestina.
No tengo la menor duda que durante su proceso de diseño, más de alguien pensó en dotar a la CICIG de algunas capacidades orientadas a fomentar el fortalecimiento del sistema probatorio como parte de la práctica procesal. Y algo así se entendía cuando se presentó ante los ciudadanos la investigación del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y en el cual el comisionado de ese momento, Carlos Castresana hizo gala de las habilidades y recursos investigativos de la Comisión.
Años después, la investigación solo dejó una evidencia: dos empresarios fueron encarcelados varios años porque se les acusó con el testimonio de varios de los autores materiales, y a cambio de esas acusaciones que jamás de comprobaron, obtuvieron sentencias reducidas.
Para efectos prácticos, la reputación y carrera empresarial de los acusados se derrumbó pues fueron mediáticamente juzgados y sentenciados sin derecho a defensa. Casi un decenio detenidos sin sentencia es la rúbrica de esa infamia, una de las tantas que hoy marcan el retroceso de la justicia probatoria a la cobarde justicia mediática que impulso el comisionado Iván Velázquez.
Ese es el gran legado de Velázquez, a la mejor tradición robesperiana de desacreditar públicamente a las personas antes de someterlas a la justicia para que los jueces no puedan sino sentenciar, la CICIG de Velázquez revivió el sistema de condena pública como mecanismo para disuadir a quienes se q
