El Tribunal Supremo condena al Estado español a pagar a Ángela González, cuya hija fue asesinada en 2003 por su padre condenado por maltrato, aprovechando una visita sin supervisión. Tras la negativa del Ministerio de Justicia y después de que la mujer acudiese a la ONU, el alto tribunal considera que debe ser indemnizada por daños morales.
