El descontento popular y las fricciones políticas se disparan en las calles de la ciudad autónoma. Cientos de vecinos han salido a manifestarse masivamente para protestar contra el manejo institucional de la crisis migratoria, exigiendo la dimisión inmediata del delegado del Gobierno. La indignación ciudadana se ha encendido tras la difusión de un supuesto plan para realojar a personas en situación irregular en el acuartelamiento Coronel Fiscer y en una antigua fábrica de la zona. Aunque la Delegación ha tildado categóricamente estas informaciones de bulo, el origen del malestar proviene de la borrador del propio Real Decreto de Seguridad Nacional, que incluía estos espacios en un listado preventivo de instalaciones disponibles.
Mientras las marchas avanzaban bajo un estricto despliegue policial y cánticos que reclamaban soluciones definitivas ante la sensación de inseguridad, el panorama institucional afronta su propia tormenta interna. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene que el CNI advirtió de la inminente entrada masiva un día antes de que ocurriera, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, niega haber recibido informes previos sobre el asalto. Tras casi un mes de incertidumbre, los ceutíes reclaman certidumbre, orden y responsabilidades políticas en un escenario fronterizo cada vez más tenso y fragmentado.
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