La controversia política en la Comunidad de Madrid se intensifica tras conocerse la decisión del Ejecutivo regional respecto al estatuto de los expresidentes. Según las últimas informaciones, la administración liderada por Isabel Díaz Ayuso rechazó la propuesta de dejar constancia en las actas de las aportaciones e intervenciones de los exdirigentes en los órganos consultivos. La sugerencia, planteada inicialmente para garantizar la transparencia y trazabilidad en los asesoramientos retribuidos mediante dietas, no prosperó tras la negativa del gobierno autonómico. Esta postura ha desencadenado duras críticas por parte de los partidos de la oposición, que acusan al Ejecutivo de blindar estas prestaciones económicas de hasta setecientos cincuenta euros por reunión sin un control efectivo de su utilidad pública. Por su parte, desde la administración regional se defiende el marco normativo actual y la conveniencia de contar con la trayectoria de los antiguos mandatarios en la Comisión Jurídica Asesora.
El Gobierno de Ayuso rechaza registrar las labores de asesoramiento de los expresidentes.
La oposición critica la falta de transparencia en las retribuciones de exmandatarios madrileños.
Polémica en la Asamblea tras blindarse los informes del órgano consultivo autonómico.
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