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  • hace 9 horas
El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, ha quedado prácticamente destruido por un incendio provocado, en una jornada marcada por los disturbios y la violencia que sacudieron Francia durante las manifestaciones del sábado.El país ha amanecido este domingo con las consecuencias de los altercados registrados en distintas ciudades. Según la Policía, más de 1.200 personas fueron detenidas, 855 de ellas en París, una cifra récord. Además, 150 policías y gendarmes resultaron heridos. En el centro de la capital, numerosos comercios presentaban escaparates destrozados, cristales esparcidos por las calles y barricadas construidas con contenedores, bicicletas, vallas y mobiliario urbano.La primera teniente de alcalde socialista de París, Lamia El Aaraje, denunció la falta de medios policiales para frenar los saqueos, que se prolongaron hasta bien entrada la noche. En declaraciones a Franceinfo, describió lo ocurrido como un nivel de violencia excepcional y aseguró que las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas en algunas zonas.La edil también criticó que grupos de personas recorrieran sistemáticamente calles enteras saqueando establecimientos y destrozando mobiliario. Según explicó, vecinos y comerciantes desesperados contactaron con el Ayuntamiento para preguntar dónde estaba la Policía.Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció que el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, había pedido a los fiscales que solicitaran prisión provisional para los detenidos considerados especialmente violentos y peligrosos. También condenó los ataques contra instituciones como el Palacio del Elíseo, la residencia del primer ministro y la Asamblea Nacional.Las manifestaciones, convocadas por estudiantes, sindicatos y los chalecos amarillos, reunieron a unos 550.000 participantes. El presidente Emmanuel Macron condenó los actos de quienes, según afirmó, buscan sembrar el caos y debilitar las instituciones. Asimismo, aseguró que los responsables de los saqueos y destrozos serían perseguidos y castigados, defendiendo el derecho a manifestarse pacíficamente.

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