- hace 12 minutos
Sin embargo, la corte le pone límites a este decreto y deja en claro que no podrá financiarse el déficit fiscal
Categoría
🗞
NoticiasTranscripción
00:01Cordial saludo para la ciudadanía que nos sigue a través de los distintos medios de comunicación
00:08y las redes sociales de la Corte Constitucional y a los periodistas judiciales que asisten al Palacio
00:14de Justicia. En mi calidad de presidenta de la corporación y junto al magistrado ponente,
00:21doctor Juan Carlos Cortés González, daremos lectura en Bogotá, hoy, 11 de noviembre de
00:272026 a esta declaración de la Sala Plena sobre los decretos 1261 del 19 de agosto de este año,
00:36por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad
00:41pública en parte del territorio nacional y 1348 del 31 de agosto de este mismo año, por medio del
00:50cual se modifica el ámbito territorial del decreto 1261 del 19 de agosto de 2026,
00:58sentencia C-366 de 2026, expedientes RE-409 y RE-410 acumulados.
01:10Inicialmente pasaré a leer el sentido resolutivo de la decisión adoptada mayoritariamente en la tarde
01:18de hoy y posteriormente mi compañero de sala, el doctor Juan Carlos Cortés, explicará los argumentos
01:25que se tuvieron en cuenta. Es importante aclarar que luego de la presente declaración no está previsto
01:32resolver preguntas. Resolutivo, primero, declarar exequibles el artículo 1 del decreto 1261 del 19 de
01:43agosto de 2026, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave
01:50calamidad pública en parte del territorio nacional y el decreto 1348 del 31 de agosto de 2026, por medio
01:59el cual se modifica el ámbito territorial del decreto 1261 del 9 de agosto de 2026, que lo modificó en
02:08el
02:08entendido de que el ámbito territorial comprende únicamente a los municipios que según el reporte
02:17situacional número 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, registraron
02:25afectaciones derivadas del sismo del 10 de agosto de 2026 y de su secuencia de réplicas, y ve los demás
02:34municipios de los departamentos señalados en el artículo primero del decreto 1261 del 19 de agosto de 2026,
02:42modificado por el decreto 1348 del 31 de agosto de 2026, respecto de los cuales se demuestre de manera
02:52precisa y con soporte técnico de dicha entidad, afectación concreta derivada del fenómeno que
03:00originó la declaratoria del estado de excepción. Segundo, declarar exequibles los artículos 2 y 3 del
03:10decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, por el cual se declara el estado de emergencia económica,
03:16social y ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional, en el entendido de
03:22que a. El estado de emergencia no habilita la adopción de medidas estructurales ni de aquellas
03:30dirigidas a atender problemas previos al sismo del 10 de agosto de 2026, en particular los referidos
03:38al sistema penitenciario y carcelario, o que tengan por objeto ejecutar acciones de reconstrucción,
03:44a menos que, respecto de estas últimas, el gobierno nacional demuestre la insuficiencia de los
03:50mecanismos ordinarios y que tales medidas se encuentren directa y estrechamente relacionadas con la
03:57fase de rehabilitación y busquen establecer o restablecer las condiciones de vida, la infraestructura,
04:05los servicios y las actividades socioeconómicas afectadas por la crisis sin reproducir situaciones
04:12de riesgo en los términos señalados en esta providencia. B. Las medidas legislativas de
04:18desarrollo deberán adecuarse a las necesidades, contextos y particularidades de los grupos
04:25poblacionales afectados por la emergencia, incorporar con base en información desagregada
04:31criterios diferenciales y atender la situación de vulnerabilidad de los sujetos de especial
04:36protección constitucional. La ausencia o insuficiencia de dicha información no podrá
04:42constituir una barrera para su atención y deberá dar lugar a las medidas necesarias de verificación y
04:48caracterización. C. La configuración y ejecución de las medidas de financiación extraordinarias
04:55deberán sujetarse a las siguientes exigencias. Primero, las competencias para financiar recaudo,
05:03crédito, crédito, distribuciones, entre otras y ejecutar recursos al amparo del estado de excepción
05:08no pueden extenderse en ningún caso a gastos no relacionados directamente con el estado de
05:14emergencia declarado ni pueden destinarse a financiar el déficit fiscal. Segundo, el Ministerio
05:23de Hacienda y Crédito Público dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado
05:29de esta providencia deberá recalcular el costo de la emergencia y de las adiciones presupuestales
05:36necesarias para financiarla, lo cual deberá corresponder con la cuantificación de los recursos
05:41requeridos para las medidas legislativas extraordinarias de desarrollo. Tercero, las entidades con
05:48competencia para ordenar el gasto deberán indicar mediante acto administrativo las razones por las
05:53cuales en función de la oportunidad del gasto y de la disponibilidad de los recursos no es posible
05:59acudir a medios ordinarios de financiación. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía
06:06no se hayan comprometido o ejecutado. Cuarto, el Gobierno Nacional en coordinación con las entidades
06:12territoriales afectadas deberá establecer mecanismos que con pleno respeto de su autonomía permitan
06:19distribuir las tareas de financiación de las medidas de emergencia y garantizar que los recursos
06:24trasladados se destinen directamente a la ejecución de estas. Quinto, el Gobierno Nacional deberá prever
06:33según los instrumentos actualmente existentes un mecanismo para la administración y ejecución de los
06:39recursos obtenidos al amparo del estado de emergencia separado de otras fuentes que permita hacer
06:45seguimiento a su destinación y garantice que los organismos de control dispongan de información
06:50permanente sobre los compromisos asumidos. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía
06:56no se hayan comprometido o ejecutado. Tercero, declarar exequibles los artículos 4, 5 y 6 del decreto
07:071261 del 19 de agosto de 2026 por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y
07:14ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional. Cuarto, exhortar al presidente
07:22de la República en su condición de conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
07:28para que adopte y ejecute el plan de acción específico para la recuperación previsto en el artículo
07:35tercero del decreto 1171 de 2026 con una planeación plurianual de los recursos y disponga conforme al
07:44artículo 64 de la ley 1523 de 2012 la continuidad del régimen especial durante la ejecución de las
07:53tareas de rehabilitación y reconstrucción.
08:02Muchas gracias, presidenta. En este caso, la Sala Plena, luego de verificar su competencia para el estudio
08:10de constitucionalidad de los mencionados decretos, propuso el siguiente problema jurídico. Los decretos
08:171261 de 2026 y 1348 de 2026 cumplen con los requisitos formales y materiales previstos en la
08:27Constitución y en la Ley 137 de 1994, Estatutaria de Estados de Excepción. Para resolverlo, reiteró
08:36jurisprudencia sobre los requisitos formales y materiales para la expedición de decretos por
08:41medio de los cuales se declara el estado de emergencia económico, social y ecológica y enseguida
08:47evaluó el cumplimiento de cada uno de ellos. En primer lugar, verificó que ambos decretos cumplieron
08:54con las condiciones formales previstas para su expedición. Al respecto, precisó que la modificación
09:01al ámbito territorial del estado de emergencia incorporada por medio del decreto 1348 era
09:08constitucionalmente admisible en la medida en que se derivó de la acreditación posterior de
09:13afectaciones en los departamentos de Caquetá y Santander y la ausencia de las mismas en el
09:20departamento de Putumayo. Por lo que, en aras de salvaguardar la igualdad en la atención de las
09:25afectaciones derivadas de un mismo hecho, esto es, el sismo del 10 de agosto de 2026 con la consecuencia
09:33de sus réplicas, resultaba admisible la modificación de la delimitación territorial. En segundo lugar,
09:41analizó el cumplimiento de los presupuestos materiales exigidos por la jurisprudencia
09:45constitucional. Respecto del presupuesto fáctico, la sala plena concluyó que el evento sísmico registrado
09:52el 10 de agosto de 2026, junto con su secuencia de réplicas, constituyó un hecho repentino,
09:59inesperado, imprevisible y de gran magnitud que alteró de manera significativa el orden económico,
10:07social y ecológico. Lo anterior al verificarse la existencia de afectaciones sobre la vida,
10:13integridad humana, la vivienda, la infraestructura, la educación, la salud, la agricultura, el suministro
10:21y abastecimiento de alimentos, los servicios públicos domiciliarios, el medio ambiente y la
10:26conectividad, entre otros. Por lo expuesto, advirtió que, en general, los hechos invocados como
10:33fundamentos fácticos de la declaratoria de emergencia satisfacían lo exigido por los juicios
10:39de realidad, identidad y sobreviniencia. Según la sala de esta Corte Constitucional, el fenómeno
10:47sísmico podría calificarse de extremo, extraordinario y sobreviniente. No obstante, esta corporación
10:55encontró que, de conformidad con los reportes situacionales expedidos por la Unidad Nacional
11:00para la gestión del riesgo de desastres, las afectaciones en los departamentos cobijados
11:05por el Estado de excepción no se presentaron en la totalidad de los municipios que los conforman.
11:10En consecuencia, la referencia general a dichos territorios para que se acredite el juicio
11:15de realidad debe seguir la regla jurisprudencial contenida en la sentencia C-191 de 2026, por
11:24lo que se estimó necesario condicionar la exequibilidad del referido artículo 1º, en
11:30el entendido de que el ámbito territorial comprenda únicamente a los municipios que,
11:35según el reporte de situación en el número 54 de la UNGRD, registraron afectaciones derivadas
11:41del sismo y de su secuencia de réplicas y ve los demás municipios de los departamentos
11:46señalados en el mismo artículo 1º, con la modificación del Decreto 1348, respecto de
11:53los cuales se demuestre de manera precisa y con soporte técnico de dicha entidad, afectación
11:59concreta derivada del fenómeno que causó la declaratoria del Estado de excepción.
12:07Adicionalmente, advirtió que en la parte considerativa del Decreto 1261 se alude a hechos y consideraciones
12:14relacionadas con el déficit fiscal, el endeudamiento público y la situación de las finanzas del
12:19Estado.
12:20A juicio de esta corporación, tales hechos y consideraciones corresponden a circunstancias
12:25estructurales y, en esa medida, para superar el juicio de sobrevivencia, la Sala Plena estimó
12:31pertinente condicionar la exequibilidad de los artículos 2 y 3 del Decreto 1261, en el
12:39entendido de que las competencias para financiar y ejecutar recursos al amparo del presente
12:45Estado de excepción no pueden extenderse en ningún caso a gastos no relacionados directamente
12:51con el Estado de emergencia, ni orientarse a aplicarse a financiar el déficit fiscal.
12:56Por lo demás, sobre el juicio de identidad, no se advirtió ningún reparo respecto del
13:01tipo de Estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional, por cuanto los hechos
13:05que motivaron su declaratoria constituyen una calamidad pública en los términos de
13:10la jurisprudencia de esta Corte y se refieren a la alteración del orden económico, social
13:15y ecológico derivado de la ocurrencia de un fenómeno natural.
13:19Por otro lado, la Sala Plena encontró acreditado el presupuesto valorativo, porque las razones
13:27invocadas por el Gobierno Nacional para la expedición de los Decretos 1261 y 1348 del
13:332026 ambos y el material probatorio recaudado durante el trámite constitucional demostraron
13:39la gravedad e inminencia de los impactos y afectaciones causadas con ocasión del fenómeno
13:46sísmico y de su secuencia de réplicas en ámbitos de la vida social, familiar y comunitaria,
13:51así como en el orden económico y ecológico.
13:54Esta situación, a juicio de la Sala Plena, constituye una amenaza para la garantía de
13:59los derechos fundamentales previstos en la Constitución.
14:03Aunque se advirtió que tales impactos tuvieron una magnitud e intensidad diferenciada en los
14:08distintos municipios cobijados por el Estado de Emergencia, la Sala Plena constató que el
14:14sismo afectó de manera concreta y directa el ejercicio y goce de múltiples facetas de
14:19garantías constitucionales. No obstante, evidenció que, conforme al artículo 215 de
14:25la Constitución, el Estado de Emergencia Económico-Social y Ecológica tiene por objeto
14:30exclusivo conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. En consecuencia, el alcance de
14:36dicho Estado de excepción, con el fin de atender la calamidad pública derivada del fenómeno
14:41sísmico ocurrido el 10 de agosto de 2026 y su secuencia de réplicas, está delimitado
14:49por las fases previstas para la atención de desastres y, dos, la prohibición de adoptar
14:55medidas de naturaleza estructural. En ese sentido, de acuerdo con lo decidido en la
15:00experiencia C-191 de 2026, y teniendo en cuenta las particularidades específicas de los hechos
15:08que justificaron la expedición de los decretos aludidos, la Sala Plena de esta Corte estimó
15:13necesario condicionar la exequibilidad de los artículos 2 y 3 del decreto 1261, en el entendido
15:21de que el estado de emergencia no habilita la adopción de medidas estructurales ni aquellas
15:26medidas dirigidas a atender a problemas previos al sismo del 10 de agosto, en particular los
15:32referidos al sistema penitenciario y carcelario, o que tengan por objeto ejecutar acciones de
15:39reconstrucción, a menos que, respecto de estas últimas, el Gobierno Nacional demuestre la
15:45insuficiencia de los mecanismos ordinarios y que se encuentren directa y estrechamente relacionados
15:51con la fase de rehabilitación y busquen restablecer las condiciones de vida, la infraestructura,
15:56los servicios y actividades socioeconómicas afectados por la crisis, sin reproducir situaciones
16:02de riesgo en los términos señalados en esta providencia.
16:06Adicionalmente, al verificarse la necesidad de garantizar un enfoque diferencial y que el
16:11mismo esté basado en datos desagregados en relación con sujetos de especial protección
16:16constitucional, la Sala Plena condicionó la exequibilidad de los aludidos artículos 2 y 3
16:22en el entendido de que las medidas legislativas de desarrollo deberán adecuarse a las necesidades,
16:28contextos y particularidades de los grupos poblacionales afectados por la emergencia,
16:35incorporar con base en información desagregada criterios diferenciales y atender la situación
16:40de vulnerabilidad de sujetos de especial protección constitucional.
16:44Advirtió igualmente que la ausencia o insuficiencia de esa información no podrá constituir una
16:50barrera para su atención y deberá dar lugar a las medidas necesarias de verificación y
16:56caracterización.
16:57Finalmente, respecto del presupuesto de suficiencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional efectuó
17:04un análisis diferenciado respecto de dos grupos de medidas anunciadas en la parte considerativa
17:10del decreto 1261.
17:12Uno, mecanismos extraordinarios no dirigidos a la financiación de la atención de la emergencia
17:17y dos, medidas que tienen por objeto la financiación del estado de excepción.
17:22En relación con el primer grupo, la Sala Plena concluyó que la fundamentación que sobre la
17:27materia se incluyó en la parte considerativa de las normas bajo examen, así como el material
17:32probatorio recaudado, permitieron acreditar que resultaba razonable la valoración realizada
17:39por el Gobierno Nacional en torno a la insuficiencia de los mecanismos ordinarios previstos en el
17:45ordenamiento jurídico.
17:46En efecto, se verificó que ante la magnitud del evento telúrico, tales mecanismos resultaban
17:51insuficientes por las limitaciones jurídicas y temporales, así como por la superación de las
17:56capacidades institucionales ordinarias orientadas a atender las afectaciones causadas en este
18:02caso.
18:03Respecto del segundo grupo, aquellas referidas a financiación, esta corporación evidenció
18:08que tanto en la parte considerativa del decreto 1261 como en el curso del proceso, el Gobierno
18:14Nacional explicó la falta de disponibilidad de recursos para financiar la atención de
18:19la emergencia.
18:19No obstante, en el trámite tal insuficiencia fue cuestionada por algunos intervinientes
18:23que indicaron que este presupuesto no puede ser valorado exclusivamente en relación con
18:28los recursos de una subcuenta del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo.
18:32Asimismo, algunos intervinientes advirtieron que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
18:37tiene el deber de garantizar que dicho fondo cuente permanentemente con la financiación
18:42necesaria para el cumplimiento de sus fines.
18:44Sobre el particular, la Sala Plena constató que de la parte considerativa del decreto 1261 y
18:51del material probatorio, bajo revisión no se acreditaron con exactitud los costos de
18:56la emergencia ni de los recursos del presupuesto necesarios para la atención de la misma.
19:00Por ello, y siguiendo la metodología adoptada en la sentencia C-191 de 2026, la Sala Plena
19:08concluyó que la configuración y ejecución de las medidas de financiación extraordinarias
19:13deberían sujetarse a las siguientes exigencias.
19:17Uno, las competencias para financiar y ejecutar recursos no pueden extenderse en ningún caso
19:22a gastos no relacionados directamente con el estado de emergencia declarado ni pueden
19:27destinarse a financiar el déficit fiscal.
19:30Dos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de los 20 días hábiles siguientes
19:35a la publicación del comunicado de esta providencia deberá recalcular el costo de la emergencia
19:40de las adiciones presupuestales necesarias para financiarla, lo cual deberá corresponder
19:45con la cuantificación de los recursos requeridos para las medidas legislativas extraordinarias
19:50de desarrollo.
19:51Tres, las entidades con competencia para ordenar el gasto deberán indicar mediante acto administrativo
19:56las razones por las cuales, en función de la oportunidad del gasto y de la disponibilidad
20:01de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación, obligación
20:06que se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado.
20:11Cuarto, el Gobierno Nacional, en coordinación con las entidades territoriales afectadas,
20:15deberá establecer mecanismos que, con pleno respeto de su autonomía, permitan distribuir
20:20las tareas de financiación de las medidas de emergencia y garantizar que los recursos
20:25trasladados se destinen directamente a la ejecución de ella.
20:29Quinto, el Gobierno Nacional deberá prever, según los instrumentos actualmente existentes,
20:34un mecanismo para la administración y ejecución de los recursos obtenidos al amparo del estado
20:39de emergencia, separado de otras fuentes, que permita hacer seguimiento a su destinación
20:45y garantice que los organismos de control dispongan de información permanente sobre los compromisos
20:51asumidos.
20:52Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado.
20:58Finalmente, la Sala Plena evaluó la necesidad de que la declaratoria de emergencia económica
21:03y las medidas que se adopten en desarrollo de esta tengan una inescindible articulación
21:08con los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para atención de desastres.
21:14Por tal razón, exhortó al Presidente de la República, en su condición de conductor del
21:21Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que adopte y ejecute el plan
21:25de acción específico para la recuperación previsto en el artículo 3 del Decreto 1171
21:30de 2026, con una planeación plurianual de los recursos y para que disponga, conforme
21:36el artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, la continuidad del régimen especial durante
21:44la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción.
21:47Esta decisión fue adoptada por siete votos a favor, uno con salvamento parcial, en su
21:57caso del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en los mismos términos del planteado frente
22:02a la adopción de la sentencia C-191 de 2026 en relación con la acreditación del ámbito
22:08territorial de la emergencia y con aclaración de voto del magistrado Vladimir Fernández.
22:23Muchas gracias, doctor Juan Carlos Cortés, por dar a conocer a través de esta declaración
22:29de la Sala Plena la síntesis de los fundamentos que presenta este fallo.
22:34Por último, debo precisar que la presente declaración no sustituye el comunicado oficial
22:40de la corporación ni la sentencia del expediente estudiado. Tiene como objetivo comunicar e informar
22:47en términos de igualdad de condiciones y de acceso oportuno a la información pública
22:51sobre la decisión proferida. Los fundamentos de esta decisión serán públicos a través
22:57de los medios inicialmente señalados conforme se dispone en los decretos 2067 y 2591
23:04de 1991 y la ley estatutaria de administración de justicia. Les agradecemos inmensamente
23:10su asistencia y reiteramos que sobre la presente declaración no recibiremos preguntas en el día
23:15de hoy. A continuación, la Sala Plena continuará con el estudio de los demás asuntos previstos
23:22en el orden del día de hoy. Una tarde muy feliz para todos ustedes y muchísimas gracias.