La jornada de huelga general del 11 de noviembre ha dejado en el debate político una intensa polémica sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones. El desarrollo de la protesta estuvo marcado por diversas cargas policiales que se produjeron a lo largo del día, dirigidas en especial contra los piquetes informativos a primera hora de la mañana y en el transcurso de varias manifestaciones. Ante estos hechos, los sindicatos convocantes han avanzado la interposición de acciones judiciales al considerar desproporcionado el uso de la fuerza y denunciar la vulneración de su derecho a manifestarse. De forma paralela, las intervenciones de los agentes han generado malestar e incomodidad en el seno del propio Gobierno de coalición, provocando duras críticas por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo.Frente a la controversia generada por las intervenciones policiales, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado al director general de la Policía la apertura de investigaciones específicas para determinar si se cumplieron los protocolos y analizar las distintas incidencias ocurridas durante la jornada del 11-N. Asimismo, fuentes del departamento de Interior han confirmado que el titular de la cartera ha dado la orden directa de prohibir el uso de gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones de ahora en adelante, tras haberse empleado dicho material contra los manifestantes en algunas actuaciones del 11 de noviembre.Las cargas policiales han recibido una rotunda condena por parte de las fuerzas que integran el bloque de investidura, entre las que figuran Frente Amplio, Podemos, Compromís y ERC. Desde las filas de Frente Amplio y Podemos se ha exigido a Pedro Sánchez la destitución inmediata de Fernando Grande-Marlaska, una pretensión que en la Moncloa descartan al considerar la apertura de una investigación interna como una medida suficiente por el momento. Desde el ámbito de Compromís, el diputado Alberto Ibáñez ha cuestionado la continuidad del titular de Interior afirmando: "Si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro". En la misma línea, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha pedido depurar responsabilidades señalando: "Vamos a pedir sanciones internas, pero también responsabilidades políticas porque es evidente que hay que controlar la penetración de descontrolados en las instituciones del Estado".Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha sumado a la petición de explicaciones manifestando en televisión: "Habrá que ver tanto las cargas policiales que ayer denunciamos como desproporcionadas y para las que hemos pedido una investigación, como la violencia que se produjo posteriormente por algunos grupúsculos".A pesar de las exigencias formuladas por los socios del Gobierno, la Moncloa ha descartado la salida de Grande-Marlaska del Gabinete. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha respaldado la labor del responsable de Interior aseverando en una entrevista radiofónica: "El ministro no está en estos momentos en cuestión, en absoluto. Estuvo muy encima de todo el trabajo que tuvieron que hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo y ancho de todo nuestro país". Bolaños ha añadido que "La norma general han sido manifestaciones pacíficas y cívicas en defensa de derechos que son importantes para la vida de la gente". Sin embargo, el titular de Presidencia ha reconocido su pesar por algunos episodios aislados admitiendo: "He visto algunas imágenes que no me han gustado". En este sentido, ha remitido el análisis a los mandos policiales al sostener que "Son los propios mandos policiales, los propios responsables, los que tendrán que determinar si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún episodio o en alguna actuación concreta".En una línea de sensibilidad similar se ha expresado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha declarado públicamente: "Son imágenes que nos desagradan profundamente y ante las que el Gobierno no permanece impasible". Saiz ha recordado su etapa previa en la administración pública subrayando que "Yo he sido delegada del Gobierno en Navarra y la actuación policial para garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental, como es el derecho de huelga, y también para mantener la seguridad ciudadana y el orden siempre tiene que ser proporcionada. La violencia no tiene cabida de ninguna manera". Con estas declaraciones y con el expediente de investigación puesto en marcha por Interior, el Ejecutivo confía en reconducir la tensión política derivada de las movilizaciones del 11-N.
