Sánchez critica a Almeida y Ayuso por no evitar el desahucio de Maricarmen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles desde Nueva York que el Ejecutivo enviará al Parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto ley en materia de vivienda. La promesa se produce tras conocerse el desalojo en Madrid de Maricarmen, una anciana de 87 años obligada a abandonar su piso tras siete décadas pagando el alquiler. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo ha calificado la situación de "tragedia social", asegurando que "El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista a las instituciones publicas".Sin embargo, el presidente ha evitado concretar una fecha para la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros. Pese a que Sumar ha exigido la entrada del decreto en la reunión del próximo martes, Sánchez ha supeditado los plazos afirmando que la ley se aprobará "cuando sea necesario" y recalcando que desde La Moncloa "no descartamos nada"ni "ninguna opción".En su intervención, Sánchez ha descargado el foco de la responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid y en el Gobierno autonómico. A juicio del presidente, existe una "falta de empatía y compromiso de los que tienen competencias para poder evitar lo que hemos visto". Asimismo, ha remarcado que "Es importante recordar de quién es la responsabilidad principal", fijando las críticas en José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso.Sánchez ha acusado a ambas administraciones de estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos de doscientos metros con terraza", sosteniendo que "han hecho caso omiso de una tragedia social que debería haber sido resuelta" por ellos. En esta línea, el líder socialista ha reprochado a la Comunidad de Madrid el "vanagloriarse" de que los fondos buitres puedan comprar viviendas de protección oficial y el rechazar cualquier tipo de intervención en el mercado "por razones ideológicas, sectarias".Junto a las críticas a las instituciones madrileñas, Pedro Sánchez ha puesto el foco en los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a los que ha solicitado "responsabilidad" y "altura de miras" para convalidar la futura ley. El mandatario ha recordado que el pasado mes de febrero se derogó el decreto que prorrogaba la moratoria de desahucios con los votos del PP, Vox y Junts, una votación que impidió evitar la expulsión de la anciana. Sánchez ha calificado de "imperioso" aprobar una ley frente a la "insensibilidad o la falta de compromiso" de algunas autonomías.No obstante, la tramitación del real decreto afronta serias dificultades parlamentarias. Lejos de mitigarse el problema del alquiler, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que la vivienda es percibida por los españoles como su principal problema. Además, la materia genera división interna en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, mientras que los socios de investidura acusan a los socialistas de entregarse a los grandes propietarios y fondos buitres. Para sacar adelante el decreto, el Ejecutivo necesita articular una mayoría parlamentaria heterogénea que ponga de acuerdo a formaciones como ERC, EH Bildu, Podemos o BNG con partidos más conservadores como el PNV y Junts.